San Juan, 1 abr (INS).- Camiones Unidos, una organización que agrupa a los camiones que transportan alimentos, agregado y contenedores, llamó hoy a los transportistas a que se “echen las llaves al bolsillo”, ya que “ninguno que se respete a sí mismo va a trabajar sin tarifas”.
El portavoz de la agrupación, Carlos Schettini, dijo que “las llaves en el bolsillo significa que los camiones no van a transportar carga mediante pago por las vías públicas hasta tanto y en cuanto ocurra una de dos cosas: la (Natalie) Jaresko y la Junta de Supervisión Fiscal desistan de sus esfuerzos para desautorizar todo tipo de tarifas de transporte o las compañías que con el apoyo de la JSF nos intentan dejar sin tarifas reconozcan, mediante contrato escrito, las tarifas aprobadas en diciembre de 2020 por un término no menor de cinco años”.
Detalló que “las llaves en el bolsillo”, o la paralización de sus labores, comenzará el 5 de abril en la madrugada.
“Las llaves en los bolsillos implica que los camiones no van a trabajar. No obstante, aclaramos que los camioneros sí van a estar activos en concentraciones y confraternizaciones entre camioneros. Cada sector, gremio o organización coordinará el modo de concentrarse”, apuntó.
Mientras, el Frente Amplio de Camioneros decretó ya un estado de emergencia en el sector por la posibilidad de que se eliminen las nuevas tarifas aprobadas por el Negociado de Transporte y Servicio Público (NTSP), una decisión que podría determinar la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
Víctor Rodríguez, coordinador de organización del Frente, consideró una provocación la posibilidad de que la JSF elimine el ajuste tarifario.
Ante esa posibilidad, dijo que “a sangre y fuego vamos a defender lo que hemos ganado” e informó que la agrupación decretó un estado de emergencia del sector.
“Vamos a continuar dando nuestros servicios, como lo hemos hecho hasta ahora. Ya hay muchos clientes que están pagando las tarifas, muchas son empresas puertorriqueñas. Irónicamente, son las empresas grandes, de afuera, las que se oponen a cumplir con el pago de tarifas”, declaró el portavoz.
Agregó que, “eventualmente, los compañeros de trabajo de las regiones pudieran suspender el servicio a las compañías que no quieran acatar la ley”.
El pasado 22 de diciembre de 2020, luego de 15 años, se autorizó un reajuste de 36% a las tarifas, lo que según el portavoz es un derecho “adquirido legalmente por 40,000 concesionarios del Negociado de Transporte, que son los que mueven la economía del país”.
“Aquí la junta quiere legalizar la ilegalidad. Desde el 2005 no se revisaron las tarifas de todos los sectores de la transportación, a pesar de que la reglamentación y acuerdos estipulaban que cada cinco años la Comisión de Servicios Públicos (ahora Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos) estaba obligada a revisar las tarifas por reglamento. El pasado 22 de diciembre de 2020, luego de 15 años y por solicitud de las organizaciones de transportistas, especialmente El Frente Amplio de Camioneros, se autorizó un reajuste de 36% tomando en consideración todos los factores económicos y de interés social requeridos por la ley, donde se invitó a la Junta de Control Fiscal a participar y no lo hizo”, explicó el coordinador general del Frente Amplio de Camioneros. INS