San Juan, 18 may (INS).- El gobernador Pedro R Pierluisi, en su primer mensaje de presupuesto en el Capitolio, informó que la resolución de presupuesto sometida por la Junta de Supervisión Fiscal ( JSF) “se ha quedado corta en múltiples áreas” y, por consiguiente, adelantó que presentará una resolución de enmiendas para incluir recursos adicionales.
La resolución de presupuesto sometida por la Junta de Supervisión destina la cantidad 10,112 millones al Fondo General.
Mientras, la resolución enmendada que somete hoy Pierluisi aumenta esa asignación a 10,345 millones, es decir un aumento de 233 millones.
“Es un aumento prudente y razonable. Y es que les recuerdo que actualmente el programa de Medicaid en Puerto Rico está recibiendo aproximadamente 2,800 millones del gobierno federal por medio de una ley especial, y en los pasados años ha recibido sumas similares para financiar el programa de salud del gobierno”, dijo Pierlusi.
En el hemiciclo de la Cámara, y mientras en el exterior se realizaban manifestacioness (con simpatizantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el lado norte del edificio y con trabajadores de sindicatos en el ala sur, quienes protestaban por el contrato de Luma), el mandatario sostuvo que “por varios meses hemos estado inmersos en el proceso presupuestario, sabiendo que tenemos la gran responsabilidad de ser prudentes con el dinero del pueblo, cumplir con nuestras obligaciones, proveer los servicios gubernamentales que nuestra gente merece y necesita”.
Pierluisi aseguró, en torno al presupuesto, que “nuestra postura ante la Junta de Supervisión y Administración Financiera ha sido firme pero al mismo tiempo pragmática. Cuando hemos tenido que enfrentarla para evitar recortes contraproducentes e innecesarios, lo hemos hecho por Puerto Rico. Ahora bien, cuando hemos visto a la Junta trabajando para reestructurar la deuda pública y lograr grandes ahorros para nuestro gobierno a corto y largo plazo, hemos colaborado”.
Subrayó que “no hemos titubeado en defender las prioridades de nuestro pueblo, a la vez que hemos actuado con mucho juicio, sabiendo que tenemos que salir de la quiebra y sentar las bases para que nunca más pongamos en peligro los servicios esenciales del gobierno y el bienestar de nuestra gente”.
Recordó que “en los pasados cinco años nuestro gobierno ha tenido que hacer considerables ajustes, al punto que se han reducido los gastos del gobierno en más de un 20 po rciento, en gran medida para poder cumplir con nuestros pensionados, quienes sufrieron grandes recortes en sus beneficios previo a la llegada de la Junta de Supervisión y con quienes estamos comprometidos para evitar recortes adicionales”.
Además, aseguró que “hay más transparencia en nuestras finanzas públicas, más visibilidad en los ingresos y gastos, así como más controles para asegurar que nos mantenemos dentro del presupuesto y no se generan los déficits que nos llevaron a la quiebra. Es por eso que estamos siendo cuidadosos y razonables en los gastos públicos, buscando justificar todo desembolso y evitando gastos excesivos. Las prioridades son claras y la dirección es la correcta”.
El primer ejecutivo del país afirmó en su mensaje que “tenemos esa cantidad sin precedente de fondos federales a nuestra disposición por los desastres y por la pandemia”, pero advirtió que pese a esos dineros es necesario tener “un presupuesto justo y balanceado, y que atienda debidamente nuestras necesidades y aspiraciones. No debe estar amarrado a una inflexibilidad fiscal que no responda a las circunstancias cambiantes de nuestro diario vivir. Tiene que estar entrelazado con la realidad de hoy”.
Sobre el presupuesto, dijo que “contiene algunas de las asignaciones de recursos que solicitamos, como 6.8 millones para combatir la violencia de género, 11.5 millones para comenzar un proyecto piloto de inversión en el servicio público, 1.2 millones para combatir el cambio climático, y más de dos millones para programas de asistencia social y contra la pobreza. De igual manera incluye aumentos en personal necesario como trabajadores sociales, fiscales, inspectores del Departamento de Asuntos del Consumidor, y ajustes en los fondos para cumplir con las pensiones de los retirados del gobierno”.
Sin embargo, expresó que “la resolución de presupuesto sometida por la Junta de Supervisión se ha quedado corta en múltiples áreas. Por consiguiente, en el día de hoy les estoy presentando una resolución de presupuesto enmendada para incluir los recursos adicionales que necesitamos para que Puerto Rico progrese”.
Detalló que “tenemos que invertir más en nuestro desarrollo económico. Hacer recortes en esta área es contraproducente a nuestra meta de lograr que salgamos de la recesión económica. Es importante que prioricemos la promoción de Puerto Rico como destino de inversión y de turismo, por lo que una reducción al presupuesto del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio no hace sentido”.
En nuestra petición presupuestaria se habían incluido 50 millones en fondos para los Juegos Centroamericanos con miras a su potencial impacto económico y turístico. Al menos parte de ese dinero debe buscar la misma meta”.
El gobernador propuso un programa de primeras oportunidades de empleos para jóvenes, que pueden ser en el gobierno o en la empresa privada, con un presupuesto de diez millones, así como restituir diez millones adicionales al presupuesto del DDEC para incentivar la economía, en especial los esfuerzos para que logremos potenciar el impacto de la exención de las leyes de cabotaje aéreo.
“Estos fondos los vamos a complementar con fondos de la Ley del Plan de Rescate Americano para apalancar la recuperación económica de la Isla”, manifestó.
Asimismo, consideró que “la recesión, los desastres naturales y la pandemia han tenido un impacto sumamente negativo en nuestros municipios. Es ahí donde se forjan nuestros pequeños y medianos comercios, donde nuestra gente necesita sus servicios y donde se requiere gran esfuerzo para lograr que podamos llegar directamente a satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. Reconocemos que la situación fiscal ha requerido recortes en muchas áreas, pero no es razonable afectar los servicios esenciales que brindan los municipios, y eso va en contra de Promesa”..
Agregó que “he sido firme en que hay que detener esos recortes a los municipios y asegurar que tienen los recursos necesarios para cumplir con sus residentes. Desde que llegué a Fortaleza he establecido una política pública de colaboración y coordinación constante con nuestros alcaldes y alcaldesas. En mi visión, los municipios son una extensión del gobierno central, así que siempre van a poder contar con mi apoyo.
Respecto del asunto, anticipó que “voy a hacer todo lo que tenga en mi poder para asegurar que nuestros alcaldes y alcaldesas cuenten con una mano amiga en el gobierno, incluyendo los fondos necesarios para llevar a cabo su labor. Nuestro presupuesto debe proveer las transferencias a los municipios sin recortes adicionales, manteniendo el apoyo fiscal de 132 millones, así como 550 mil para que tanto la Federación como la Asociación de Alcaldes puedan apoyar a los mandatarios municipales en su gestión. Juntos vamos a lograr que Puerto Rico eche pa’lante en cada uno de nuestros pueblos alrededor de la Isla”.
En cuanto a la UPR, opinó que “ya ha sufrido recortes significativos y ha tomado medidas difíciles para afrontar sus retos fiscales, por lo que me opongo a que la Junta le haga recortes adicionales y propongo que se mantenga su asignación anual en la suma de 560 millones.
Advirtió que “recortes adicionales a la Universidad pueden poner en peligro los fondos asignados en la Ley del Plan de Rescate Americano, la cual especifica que esos fondos de asistencia por pandemia no son elegibles para suplantar recortes. Es momento de que se le dé un respiro a la UPR para que pueda adaptarse y ajustar sus operaciones mientras garantiza una educación de excelencia”.
También abordó la situación de las carreteras del país y dijo que se destinarán 23.7 millones a esos efectos.
El mandatario también dijo estar comprometido en “mejorar las condiciones de trabajo de los oficiales de custodia del Departamento de Corrección, por lo que he propuesto que sus sueldos estén al mismo nivel de nuestros policías, ya que exponen sus vidas de la misma forma y con el mismo tesón. Necesitamos una asignación recurrente de solo 15 millones adicionales para cumplir con ese compromiso, y yo sé que todos en Puerto Rico estamos de acuerdo en que nuestros oficiales de custodia deben ser compensados justamente por su trabajo”.
Igualmente, declaró que “a pesar de que la Junta proveyó parte de los fondos solicitados para contratar más trabajadores sociales y técnicos de servicio a familias en el Departamento de la Familia, así como fiscales y abogados para el Departamento de Justicia, el presupuesto asignado por la Junta a estas agencias se quedó corto. Puerto Rico cuenta con nosotros para que podamos atender sus necesidades apremiantes, proveyendo 3.2 millones adicionales al Departamento de la Familia y $2.8 millones adicionales al Departamento de Justicia”.
“También hemos incluido una asignación de siete millones para cumplir con los servicios que necesita nuestra población de discapacidad intelectual y con quienes todos estamos comprometidos, y estamos designando una reserva de diez millones ordenada por el Tribunal en cumplimiento con el caso federal”. señaló.
A su vez, consideró que “el presupuesto se queda corto por cinco millones para sufragar la nómina del Departamento de Salud, en momentos en que no nos podemos dar el lujo de que nos falte personal en nuestras facilidades médicas. Más aún, tenemos que asignarle 1.2 millones adicionales al Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe para contratar otro cirujano cardiotorácico que garantice los servicios de cirugía cardiovascular y de trasplante en este importante centro hospitalario”.
Reveló, asimismo, que “mi administración ha solicitado fondos para un programa piloto para contratar personal retirado del gobierno a tiempo parcial que daría apoyo en agencias clave, tales como los Departamentos de la Familia, de Educación, de Hacienda y en la Policía de Puerto Rico. Esta Asamblea Legislativa tiene ante su consideración un proyecto de administración que viabiliza este programa y beneficiaría tanto la eficiencia del gobierno como a nuestros retirados, quienes no verían su pensión afectada al poder colaborar en las agencias del gobierno. Cuento con ustedes para lograrlo y proveer los fondos necesarios que lo harán posible”.
También afirmó que el presupuesto de Puerto Rico tiene que incluir fondos para apoyar y complementar el trabajo de nuestra Comisionada Residente y de la Oficina de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington.
“Si hemos podido avanzar en lograr trato igual en importantes programas de asistencia por la pandemia, imaginen lo que podremos lograr si somos tratados con igualdad en todos los programas federales que benefician a nuestra gente. Tener seis boricuas como delegados especiales en el Congreso va a lograr que nuestras necesidades y aspiraciones estén más presentes en la capital federal y va a permitir que multipliquemos nuestro mensaje de igualdad y respeto para los ciudadanos americanos de Puerto Rico. Con eso todos ganamos”, destacó.
Abundó que “a pesar de esto, en el plan fiscal y en el presupuesto, la Junta está asumiendo, incorrectamente en mi opinión, que a partir de octubre de este año esa cantidad va a reducirse a los aproximadamente 400 millones que recibimos por la ley de Medicaid. Eso ha resultado en que la Junta proponga recortes excesivos en las asignaciones a las agencias de nuestro gobierno para poder destinar cientos de millones de fondos del gobierno central al programa de salud”.
“Es importante que sepan que en todas mis conversaciones y reuniones en Washington -y acabo de ver a 32 congresistas en mi más reciente viaje a la capital federal- no me he topado con un solo miembro del Congreso que piense que solo nos van a dar $400 millones al año para este programa federal. Todos están claros de que el Congreso tiene que actuar para proveernos los fondos necesarios para atender la población medicoindigente en la Isla”, indicó.
Para Pierluisi, “es absurdo pensar que el gobierno federal permitirá el precipicio fiscal que se avecina en nuestro programa de Medicaid, pues es obvio que contaremos con los recursos federales necesarios para darle a nuestra población vulnerable los servicios de salud que merece”.INS