San Juan, 12 (INS).- El movimiento comunitario Puerto Rico por el Derecho a una Vivienda Digna (PRODEV) reclamó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que vete el proyecto del Senado 1656, aprobado por descargue el pasado lunes en la sesión extraordinaria de la Cámara de Representantes, y que amplía “peligrosamente” el poder de expropiación forzosa de la Administración de Terrenos.
La agrupación recordó el uso abusivo de los procesos de expropiación por parte del gobierno a través de la historia del país.
“La Ley de Expropiación Forzosa la estaban usando como les daba la gana, y buscamos una protección para todo el mundo por igual”, indicó Carmen Villanueva Castro, Enlace Comunitaria de FURIA, Inc. y dirigente en la comunidad de Hill Brothers Sur, al comentar sobre el Proyecto del Senado 1049, que busca asegurar la protección de las comunidades ante la expropiación arbitraria y abusiva.
Mencionó que “hicimos el mismo cabildeo para todas las comunidades, porque hoy soy yo y mañana es aquel”.
Sin embargo, el proyecto quedó atascado en la Oficina de reglas y Calendarios y no ha sido considerado por la Asamblea Legislativa.
Según Villanueva Castro “tenemos que darnos a respetar y ponernos de pie; esto es un proyecto necesario por todo lo que ha pasado en nuestro país”.
Durante la conversación se recordó el caso de expropiación forzosa acontecido en el municipio de Loíza, que culminó con el asesinato de Adolfina Villanueva Castro.
“Siempre hablamos de Adolfina. No es lo mismo hablarlo que ir al terreno, escuchar a los residentes. Hoy día, en las condiciones que está ese proyecto es para que la gente no estuviera viviendo”, señaló la líder comunitaria de Loíza Modesta Irizarry.
Sobre la preocupación que le provoca que el gobierno tenga más poderes con el Proyecto 1656, mencionó que “si a los alcaldes se les da más poder, sin tener que consultar a la comunidad se puede adueñar de su casa y van a hacer con su terreno lo que les dé la gana”.
“Las batallas se ganan con gente que le apasiona, que ama y lucha por su pueblo y por su comunidad. Hay que vetar el 1656 y hacer correr el 1049”, sentenció Irizarry.
La incomodidad de la aprobación a destiempo del 1656 y la falta de urgencia hacia el 1049 van atados a la falta de participación ciudadana adecuada.
“Necesitamos espacio para dialogar sobre la política pública que afecta nuestros (entornos). En nosotros está el conocimiento de las necesidades de los residentes. Queremos ser parte de la solución y no del problema”, alertó Jeffrey Rivera Luis Llorens Torres.
Nayda Cabrera Galarza, líder comunitaria del G8, exhortó a la gobernadora a que tome esto en consideración y “se vaya de Fortaleza cumpliendo con un deber con las comunidades, comunidades donde vive gente trabajadora que todos los días se levanta a echar a su familia hacia adelante, brindando un servicio al país”.
Cabrera Galarza exhortó a la mandataria a que vete el proyecto y se vaya con eso en récord cuando finalice su periodo en Fortaleza.
El Proyecto 1656, para el cual exigen el veto de la gobernadora, aumenta las facultades de expropiación forzosa de la Administración de Terrenos y permite que el mecanismo pueda ser utilizado a través de convenios con municipios y entes privados, permitiéndoles expropiar por todo tipo de razón y sin tener que consultar a la comunidad o recibir su insumo de ninguna manera.
“Mientras que en Estados Unidos más de 44 estados han limitado el poder de expropiación forzosa, este nefasto proyecto 1656 lo amplía”, afirmó Luis Gallardo, director ejecutivo del Centro para la Reconstrucción del Hábitat.
Manifestó que esa medida es un refrito de uno que vetara el gobernador Ricardo Rosselló Nevares hace unos años, por lo que la gobernadora Wanda Vazquez debe también vetar este nuevo intento de conceder un poder desmedido de quitar las propiedades a las personas y sus comunidades. INS