Agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos al Negociado de Vehículos Hurtados, realizaron una investigación que culminó en la radicación de cargos criminales por parte de la fiscalía de Fajardo, en contra de dos hombres y una mujer, luego del diligenciamiento de una orden de registro y allanamiento emitida por el juez Jerry Negrón Marín, llevada a cabo durante la noche del martes, 3 de diciembre en una residencia ubicada en el sector Lucila Franco del barrio Tortuguero en Vieques.
Durante el allanamiento, fueron arrestados Josian Y. Parrilla Rivera de 22 años, Densel Leguillu Ayala de 19 y Vanessa Y. Cuestas Burgos de 20, a quienes se les ocuparon una pistola marca Glock, modelo 23, calibre .40, alterada para disparar de modo automático, una pistola calibre 9mm, con el número de serie mutilado, 65 municiones de diferentes calibres, tres cargadores, dos envases con marihuana, dinero en efectivo y un vehículo marca Hyundai, modelo Tucson, del año 2017, color gris, con la tablilla IWT-323 la cual figuraba hurtada del área de San Juan, en el pasado mes de febrero del corriente año.
Este caso fue consultado con la fiscal Karem Cálo, quien instruyó radicar por violaciones a los artículos 6.09 (Portación, Posesión o Uso Ilegal de Armas Largas Semiautomáticas, Automáticas o Escopeta de Cañón Cortado), 6.12 (Número de Serie o Nombre de Dueño en Arma de Fuego; Remoción o Mutilación), 6.22 (Fabricación, Distribución, Posesión y Uso de Municiones; Importación de Municiones) de la Ley de Armas, 404 (Penalidad por posesión), 412 (Parafernalia relacionada con sustancias controladas) de la Ley de Sustancias Controladas, 15 (Comercio Ilegal de Vehículos y Piezas) de la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular y 53A (Maltrato) de la Ley para Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores.
Posteriormente, durante la tarde de hoy, jueves, estos fueron llevados ante el juez Alexander Espinosa del tribunal de Fajardo, quien luego de evaluar la evidencia, determinó causa probable, imponiendo una fianza global de 90,000 dólares, la cual pudieron prestar, siendo fichados y dejados bajo libertad provisional con supervisión electrónica hasta la vista preliminar, pautada para el 17 de diciembre.