Vega Alta, 10 dic (INS).- El caso legal que lleva el municipio de Vega Alta, contra el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) por la masacre ambiental en el balneario Cerro Gordo acaecida el pasado 25 de septiembre, pasará a ser responsabilidad de la alcaldesa electa, María Vega Pagán.
La alcaldesa, electa por el Partido Nuevo Progresista (PNP), ganó en las pasadas elecciones por un estrecho margen de 196 votos, y falló en sus aspiraciones de tener mayoría en la Legislatura Municipal, que estará en manos del Partido Popular Democrático (PPD).
Los detalles del caso ambiental los ofreció el actual alcalde Oscar “Can” Santiago Martínez.
“En vista del cambio de administración municipal, el bufete que atendía este caso dispuso del mismo y el tribunal y en la vista celebrada el 9 de noviembre pasado, la jueza concedió 45 días para que se asigne una nueva representación legal”, detalló el alcalde.
Este es el caso donde ambas agencias del gobierno estatal DRD/DRNA autorizaron mediante un contratista, la tala de árboles, palmeras y uveros que superaron las mil unidades, alegando que todas ellas estaban dañadas desde el paso de los huracanes Irma y María.
“Al finalizar mi término en la alcaldía, mi llamado a la nueva administración municipal es que defienda el patrimonio natural y ecológico de todos los vegalteños y visitantes”, expresó Santiago Martínez.
Esta masacre ambiental en la reconocida zona playera vegalteña fue señalada ampliamente en los medios nacionales e internacionales, pues las agencias del gobierno central alegaron tener los permisos pertinentes, lo que fue desmentido por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), que se expresó sobre la masiva tala de árboles y palmas en Cerro Gordo.
Según declaraciones del oficial de asuntos externos de FEMA en Puerto Rico, Juan Andrés Muñoz, el alcance de los trabajos propuestos por el DRD abarcaba la remoción de material vegetativo de solamente 14 ramas colgantes en árboles y 14 árboles inclinados, que el solicitante identificó como dañados por el huracán María. Las declaraciones de Muñiz se emitieron el 28 de septiembre pasado.
Cuando el alcalde Santiago Martínez radicó la demanda a nombre del municipio de Vega Alta, las agencias estatales, representadas por el Departamento de Justicia, intentaron que se desestimara la acción judicial, pero la jueza Sarah Rosario Morales, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, denegó desestimarla.
“La intención nuestra y de la comunidad que usa dichas facilidades es que se declare la ilegalidad de las actuaciones de ambas agencias estatales, que se prohíba la continuación de la tala y lo más importante: que se establezca un plan de reforestación, con supervisión profesional y la imposición de multas por incumplimiento”, añadió el alcalde. INS